El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, anunció ayer en el congreso de los Diputados, una serie de medidas normativas para aliviar el creciente problema que están ocasionando los desahucios en los colectivos, con riesgo de exclusión social en el mercado hipotecario, que se complementarían con un Código de Buenas Prácticas que deberán adoptar las entidades de forma voluntaria.

El representante explicó que el componente fundamental era un cambio legislativo urgente donde se definirían  aquellas situaciones y familias que son "merecedoras" de una protección especial.

Además, propuso que aquellos colectivos que se encuentren en el umbral de exclusión social, con todos los miembros de la unidad familiar en paro y cuya vivienda es la única residencia, pueden liquidar su deuda con el banco entregando su domicilio, lo que se conoce como "dación en pago"; esto es, en caso de embargo, no tendrán que seguir pagando sus hipotecas. Y, ligada a esta iniciativa, los desahucios se podrían prolongar hasta un plazo cerca de dos años, siempre y cuando la situación sea excepcional, en los que el deudor satisfaría una renta a la entidad. En todo caso, se establecerán las medidas cautelarías necesarias para evitar cualquier tipo de abuso o fraude.

Se fomentará igualmente la mejora de los procedimientos de ejecución de garantías hipotecarias, de tal modo que, mediante la subasta pública, el precio del inmueble sea lo más elevado posible para así poder sufragar las deudas incumplidas. El ministro avanzó que, junto con la colaboración del Ministerio de Justicia, se impulsará un mercado nacional de ejecuciones hipotecarias con la creación de una base de datos informatizada con las prácticas llevadas a cabo y la posibilidad de que las subastas también se puedan realizar vía online. Las reformas legales integran, así mismo, la atenuación  del interés sancionatorio una vez que se haya superado el plazo para reintegrar la cantidad cedida como préstamo.


El cambio más relevante...

Todas las iniciativas se complementan con un Código de Buenas Prácticas voluntario a adoptar por el sector financiero, que incluiría la asunción, por la entidad de crédito, de una parte del riesgo en caso de insuficiencia de las garantías. Se trata de establecer un mecanismo de co-participación que cubra por parte de la entidad financiera, debido a la deficiencia de la tasación o a la desvalorarización del inmueble a lo largo de su construcción.

Para incentivar la adopción del Código, el Ministerio podría deducir fiscalmente las pérdidas en que incurran las entidades. La adhesión al Código será pública.

Economía quiere aprobar el decreto ley lo más rápido posible, al mismo tiempo que concretará los criterios para especificar a qué ciudadanos irán dirigidas estas medidas, evaluando puntualmente la situación. En cuanto a la banca española, también está dispuesta a asumir el Código de Buenas Prácticas ya que, en definitiva, se trata de un conjunto de medidas para apaciguar la situación de tantas familias españolas que viven en riesgo de desahucio; siempre y cuando la entidad la pueda asumir de forma voluntaria.

A un día de la celebración del Pleno se desconoce el número de entidades que podrían sumarse al Código de Buenas Prácticas promovido por el Gobierno.

En los últimos meses han aumentado las dificultades para hacer frente a los compromisos laborales, lo que conlleva al incumplimiento de los objetivos de déficit público. En la provincia de Alicante, el número de parados en las oficinas de empleo a lo largo de septiembre alcanza un incremento del 2,1% con respecto al período del año anterior. Se trata de cifras que confirman la aceleración del desempleo, llegando al 23,2%, según ha divulgado el INE: más de dos puntos por encima del dato nacional y más de trece con respecto a la zona euro.

En los sectores de actividad, se han registrado unas reducciones en la construcción de 5,5%; la industria en 3,5%; y a la agricultura en un 16,5%; debido al fin de la campaña turística y el término del período vacacional.

Por otra parte, el número de afiliado se ha reducido en un 1,2% en relación con el mes de agosto. Con respecto al mismo período del año anterior, la cantidad de trabajadores dibuja un descenso del 0,3%. Por tanto demuestra que las condiciones actuales no pueden hacer frente a los gastos y generar puestos que compensen los que desaparecen.

Según los datos estadísticos, Alicante, en cambio, mantiene el quinto puesto provincial en creación de empresas, llegando a crear cerca de 238 sociedades mercantiles. Las ventas de las empresas alicantinas en los mercados internacionales han concentrado la mayor parte de su actividad en el entorno de la Unión Europea, situándose en una variación interanual de un 6,6%, que corresponde a 17,1 millones de euros. En cambio, las compras efectuadas del extranjero varía en el 15,5% (39,7 millones de euros). El país más destacado por ser el principal proveedor del empresariado alicantino es China, suponiendo el 24,7% del total en la provincia.

Abarcando el sector turístico, los hoteles y hostales de la provincia han reflejado una subida del 0,6% con respecto al año anterior; incrementando el índice de residentes extranjeros en un 11,4%. Con estos datos, el aeropuerto de Alicante se ha situado en el quinto lugar en el ranking nacional por volumen de tráfico dónde destaca el flujo de viajeros del Reino Unido (46,9%).

Por último, la estadística sobre los accidentes de trabajo con baja en Alicante ha reflejado una reducción de siniestros respecto a cualquier período temporal anterior de referencia en un 10,2%; gracias a una mejora en la gestión preventiva, en función a los trabajadores activos en 2011, que supone un descenso de 23,3% con respecto a 2010.