¿Buenas prácticas para los desahucios?

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, anunció ayer en el congreso de los Diputados, una serie de medidas normativas para aliviar el creciente problema que están ocasionando los desahucios en los colectivos, con riesgo de exclusión social en el mercado hipotecario, que se complementarían con un Código de Buenas Prácticas que deberán adoptar las entidades de forma voluntaria.

El representante explicó que el componente fundamental era un cambio legislativo urgente donde se definirían  aquellas situaciones y familias que son "merecedoras" de una protección especial.

Además, propuso que aquellos colectivos que se encuentren en el umbral de exclusión social, con todos los miembros de la unidad familiar en paro y cuya vivienda es la única residencia, pueden liquidar su deuda con el banco entregando su domicilio, lo que se conoce como "dación en pago"; esto es, en caso de embargo, no tendrán que seguir pagando sus hipotecas. Y, ligada a esta iniciativa, los desahucios se podrían prolongar hasta un plazo cerca de dos años, siempre y cuando la situación sea excepcional, en los que el deudor satisfaría una renta a la entidad. En todo caso, se establecerán las medidas cautelarías necesarias para evitar cualquier tipo de abuso o fraude.

Se fomentará igualmente la mejora de los procedimientos de ejecución de garantías hipotecarias, de tal modo que, mediante la subasta pública, el precio del inmueble sea lo más elevado posible para así poder sufragar las deudas incumplidas. El ministro avanzó que, junto con la colaboración del Ministerio de Justicia, se impulsará un mercado nacional de ejecuciones hipotecarias con la creación de una base de datos informatizada con las prácticas llevadas a cabo y la posibilidad de que las subastas también se puedan realizar vía online. Las reformas legales integran, así mismo, la atenuación  del interés sancionatorio una vez que se haya superado el plazo para reintegrar la cantidad cedida como préstamo.


El cambio más relevante...

Todas las iniciativas se complementan con un Código de Buenas Prácticas voluntario a adoptar por el sector financiero, que incluiría la asunción, por la entidad de crédito, de una parte del riesgo en caso de insuficiencia de las garantías. Se trata de establecer un mecanismo de co-participación que cubra por parte de la entidad financiera, debido a la deficiencia de la tasación o a la desvalorarización del inmueble a lo largo de su construcción.

Para incentivar la adopción del Código, el Ministerio podría deducir fiscalmente las pérdidas en que incurran las entidades. La adhesión al Código será pública.

Economía quiere aprobar el decreto ley lo más rápido posible, al mismo tiempo que concretará los criterios para especificar a qué ciudadanos irán dirigidas estas medidas, evaluando puntualmente la situación. En cuanto a la banca española, también está dispuesta a asumir el Código de Buenas Prácticas ya que, en definitiva, se trata de un conjunto de medidas para apaciguar la situación de tantas familias españolas que viven en riesgo de desahucio; siempre y cuando la entidad la pueda asumir de forma voluntaria.

A un día de la celebración del Pleno se desconoce el número de entidades que podrían sumarse al Código de Buenas Prácticas promovido por el Gobierno.